Se hunde en el Congreso
la penalización de la
dosis personal
El Congreso de la República archivó nuevamente el proyecto de ley que busca la penalización del consumo y el porte de la dosis personal. Sin embargo, el debate sobare el espíritu y la conveniencia del proyecto continúa: ¿es inconstitucional y represivo o realmente es un proyecto que apoyaría la resocialización y la prevención del consumo de drogas? En su ponencia, el representante Nicolás Uribe -del partido de La U-, argumentaba que se debía “establecer una política no sólo preventiva sino represiva para enfrentar el problema del consumo y porte de dosis personal”. Y la palabra “represiva” no cayó muy bien ante la opinión pública y el polvo de la dosis personal se levantó. No sólo porque en 1994 (frente a la ley 30 de 1986 que consideraba un delito el consumo y el porte de la dosis mínima) la Corte Constitucional había dictado la sentencia que apoyaba el libre desarrollo de la personalidad afirmando que “las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”; sino porque el propio presidente Álvaro Uribe, en la toma de su segundo mandato, había declarado el tema como “prioritario” y solicitaba que se aprobara, incluso, sobre otras leyes. Como una política de Estado, la iniciativa de la penalización de la dosis personal ha sido archivada cuatro veces ya por la comisión primera de la Cámara de Representantes. A grosso modo, el proyecto busca sanciones no carcelarias para quien porte o consuma drogas en lugares públicos, reformando el artículo 49 de la Constitución Nacional: “Con fines resocializadores y rehabilitadores, la ley podrá establecer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, determinando los lugares en los cuales el uso, el porte y el almacenamiento de dichas sustancias esté prohibido y establecerá políticas que prevengan y sancionen el consumo frente a menores”. Entre otras de sus justificaciones y en un aparte protagónico, se lee la incidencia del consumo de estupefacientes en el aumento de la violencia entre los jóvenes (el más reciente estudio realizado por el ICBF, revela que en el mes de mayo de 2008, en una muestra de 18 instituciones que atienden adolescentes en conflicto con la ley, se encontró que el 78% de los adolescentes reportados han consumido algún tipo de sustancia legal o ilegal). Además, se nombra al “narcoturismo” como consecuencia del fácil acceso a la dosis personal que, según el Ministerio de Comercio e Industria “se ha incrementado de manera sustancial, generando una estigmatización y mala imagen para el país”. El proyecto se hundió nuevamente, sin siquiera ser debatido. El representante Nicolás Uribe afirmó que este era un golpe al Gobierno y que temas como el referendo de la reelección presidencial, así como la ley de víctimas, le quitaron protagonismo y tiempo para debatir su proyecto. Si se pretende penalizar el consumo, el proyecto debe empezar su largo trámite nuevamente. Así que, por ahora, la penalización está en veremos.
El Congreso de la República archivó nuevamente el proyecto de ley que busca la penalización del consumo y el porte de la dosis personal. Sin embargo, el debate sobare el espíritu y la conveniencia del proyecto continúa: ¿es inconstitucional y represivo o realmente es un proyecto que apoyaría la resocialización y la prevención del consumo de drogas? En su ponencia, el representante Nicolás Uribe -del partido de La U-, argumentaba que se debía “establecer una política no sólo preventiva sino represiva para enfrentar el problema del consumo y porte de dosis personal”. Y la palabra “represiva” no cayó muy bien ante la opinión pública y el polvo de la dosis personal se levantó. No sólo porque en 1994 (frente a la ley 30 de 1986 que consideraba un delito el consumo y el porte de la dosis mínima) la Corte Constitucional había dictado la sentencia que apoyaba el libre desarrollo de la personalidad afirmando que “las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”; sino porque el propio presidente Álvaro Uribe, en la toma de su segundo mandato, había declarado el tema como “prioritario” y solicitaba que se aprobara, incluso, sobre otras leyes. Como una política de Estado, la iniciativa de la penalización de la dosis personal ha sido archivada cuatro veces ya por la comisión primera de la Cámara de Representantes. A grosso modo, el proyecto busca sanciones no carcelarias para quien porte o consuma drogas en lugares públicos, reformando el artículo 49 de la Constitución Nacional: “Con fines resocializadores y rehabilitadores, la ley podrá establecer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, determinando los lugares en los cuales el uso, el porte y el almacenamiento de dichas sustancias esté prohibido y establecerá políticas que prevengan y sancionen el consumo frente a menores”. Entre otras de sus justificaciones y en un aparte protagónico, se lee la incidencia del consumo de estupefacientes en el aumento de la violencia entre los jóvenes (el más reciente estudio realizado por el ICBF, revela que en el mes de mayo de 2008, en una muestra de 18 instituciones que atienden adolescentes en conflicto con la ley, se encontró que el 78% de los adolescentes reportados han consumido algún tipo de sustancia legal o ilegal). Además, se nombra al “narcoturismo” como consecuencia del fácil acceso a la dosis personal que, según el Ministerio de Comercio e Industria “se ha incrementado de manera sustancial, generando una estigmatización y mala imagen para el país”. El proyecto se hundió nuevamente, sin siquiera ser debatido. El representante Nicolás Uribe afirmó que este era un golpe al Gobierno y que temas como el referendo de la reelección presidencial, así como la ley de víctimas, le quitaron protagonismo y tiempo para debatir su proyecto. Si se pretende penalizar el consumo, el proyecto debe empezar su largo trámite nuevamente. Así que, por ahora, la penalización está en veremos.
