Nueva Ley de Inteligencia prohibe seguimientos por motivos polìticos
Nueva Ley de Inteligencia prohíbe la apertura indebida de archivos que se refieran a actividades de grupos políticos, sindicales o de derechos
Nueva Ley de Inteligencia prohíbe la apertura indebida de archivos que se refieran a actividades de grupos políticos, sindicales o de derechos
humanos como también castigará duramente la filtración de información reservada. Congreso será veedor, pero parlamentarios deben superar prueba de confiabilidad.
El nuevo capítulo en la historia de la Inteligencia, el arma que ha sido clave en los grandes golpes de los últimos 15 meses contra la guerrilla, arrancará con el nuevo año, cuando el presidente Álvaro Uribe sancione la ley que esta semana fue aprobada por el Congreso. Por primera vez, el país tiene una norma que regula claramente qué pueden y qué no pueden hacer los organismos de seguridad.
Segun Sergio Jaramillo, viceministro de Defensa, ahora hay límites entre la inteligencia legal y la ilegal. En adelante, los seguimientos a políticos -que hace dos meses provocaron un escándalo que tumbó a María del Pilar Hurtado de la Dirección del DAS- deberán desaparecer de la agenda de los organismos de seguridad.La norma establece claramente que "en ningún caso la información con propósitos de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición".También ordena que las operaciones " deberán ser proporcionales a los fines buscados y sus beneficios deberán exceder las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales". Los 34 artículos, además, endurecen las sanciones a los que entreguen información reservada, crean la Junta de Inteligencia y, por primera vez, les dan garantías legales a los agentes de inteligencia y sus familias, que hasta ahora estaban desprotegidos. La ley libra a los agentes infiltrados de la obligación de denunciar los delitos de los que conozcan mientras dura la operación. En este momento se investiga a dos oficiales que habrían colaborado con una ex Farc para montar atentados terroristas y cobrar recompensas. Solo operaciones autorizadasOtro vacío que soluciona la norma es el de las autorizaciones. Todo seguimiento o interceptación deberá responder a una orden escrita firmada por un superior y debe ser producto de un requerimiento realizado por alguna autoridad competente. Un punto clave es que nadie podrá alegar que violó la ley en cumplimiento de órdenes superiores (obediencia debida), especialmente en casos en los que las actividades de inteligencia afecten derechos humanos o el DIH. En cuanto a la interceptación de llamadas y mensajes, se reitera la advertencia de que solo podrán hacerse cuando medie una autorización de un juez y ahora serán las cabezas de los organismos de inteligencia los que pedirán por escrito la colaboración de las empresas de telecomunicaciones.
Es una medida que busca evitar las 'chuzadas' indiscriminadas, que precisamente fueron uno de los motores de la iniciativa.
"No había un marco regulatorio claro y el episodio de las 'chuzadas' (mayo del 2007, que descabezó al entonces jefe de Inteligencia de la Policía, el general Guillermo Chávez), demostró que era urgente tener la ley", señala el viceministro Jaramillo.
'Más garantías a ciudadanos': viceministro de Defensa
¿Qué pretende la Ley y qué implicaciones tiene su aprobación?El objetivo de la ley era crear un marco jurídico claro en Colombia. Hemos tratado de darle un marco de protección a todo el ámbito de la inteligencia: garantías a los ciudadanos en la medida en que este marco permite establecer qué actividades o qué inteligencias son lícitas y cuales no; protección a las personas que hacen esa actividad y que estaban desprotegidas y protección a la información, aclarando todo el tema de la reserva y aumentando las penas.
Sobre el tema de la filtración, ¿cómo va a afectar esto a los medios de comunicación?Les va a hacer mucho bien, porque en Colombia creemos que el periodismo es estar sacando grabaciones. Además, muchos de esos casos tienen un impacto en la seguridad nacional. Esto no quiere decir que no puedan pedir información. Eso se mantendrá pero protegiendo las operaciones. Los periodistas están en una posición cómoda en materia de derecho constitucional, porque es el funcionario y no el periodista el que responde por la filtración.
¿Cómo se manejará el tema de las interceptaciones de comunicaciones?
La ley no afecta las garantías en el tema de las interceptaciones, porque ese aspecto está claro desde la misma Constitución, que indica que cualquier interceptación de comunicaciones tiene que tener una orden judicial. Por el contrario se reglamenta el procedimiento para solicitar de parte de un funcionario de inteligencia, a una telefónica, la interceptación. Pero se respeta todo lo que la Corte Constitucional ha dispuesto al respecto.Agentes tendrán doble identidad
Uno de los puntos más llamativos de la nueva ley, que tuvo el consenso de las bancadas en el Congreso, es la creación de la doble identidad para los agentes, una medida que busca protegerlos a ellos y a sus familias. La Registraduría deberá expedirles documentos legales, previa solicitud formal para misiones específicas, de tal manera que si los grupos infiltrados les siguen la pista no tengan por qué sospechar. Hasta ahora, esta parte de infiltración no estaba ni reglamentada ni amparada como un campo más de acción de la Inteligencia. "Utilizar una cédula falsa para amparar al agente era un delito", recuerda un experto en la materia. También se castigará con prisión de hasta 8 años a quienes revelen por cualquier motivo la identidad de los agentes de inteligencia. La norma establece que el Congreso le hará veeduría a la inteligencia a través de una comisión de seis de sus miembros. La oposición deberá tener representación en ese grupo.El requisito para estar en la comisión es pasar una prueba de confiabilidad para garantizar que la información no será mal empleada ni se pondrá en riesgo la seguridad nacional. Así mismo se endurecen las penas para los funcionarios que entreguen información clasificada y que hace parte de los archivos de inteligencia de cada organismo. Será un tema álgido para la prensa, pues muchas de las disposiciones, en la práctica, buscan blindar al Estado de las llamadas 'filtraciones'.
El infiltrado que estuvo preso tres años
El sargento primero Figueredo, un hombre que dedicó 15 años de su vida militar al trabajo de Inteligencia, terminó en la cárcel como guerrillero de las Farc. Fue en el 2001. Tres años antes había logrado penetrar una de las células de la Red Urbana Antonio Nariño. Su papel fue tan convincente que hasta tuvo contacto con el máximo jefe de las milicias de las Farc, Carlos Antonio Lozada.Sus jefes seguían sus reportes sobre el bloque Oriental de las Farc detalle a detalle. Con lo que no contaban era con que Figueredo cayera en medio de una operación contra un campamento guerrillero en el Meta."Este sargento estaba en una labor de inteligencia, infiltrado y no lo podíamos descubrir ante los demás guerrilleros", asegura uno de los responsables de la Inteligencia colombiana. Pero como solo sus superiores sabían que alias 'Julio' (Figueredo) era un hombre del Ejército, la Fiscalía y el DAS pusieron sus ojos sobre él. "Cuando pasaron 15 días de la operación y logramos que separaran a Figueredo del resto de detenidos no hubo cómo tumbar las pruebas que la Fiscalía tenía contra él: había registros fotográficos, interceptaciones y seguimientos -añade el oficial-. Eran reales, porque esa era su misión. Pasaron tres años antes de que pudiéramos sacarlo de la cárcel y demostrar que era un hombre de Inteligencia". La del suboficial no es una historia aislada. De hecho, casos como este movieron la nueva Ley de Inteligencia, que si bien reglamenta esas funciones también les da garantías a los que se encargan de cumplirlas. En otros casos los infiltrados han muerto cumpliendo su tarea. Las familias del capitán Camilo González y el cabo Gregorio Martínez, quienes murieron en extrañas circunstancias en territorio venezolano en abril del 2007, aún no saben realmente qué pasó con ellos.Sus cuerpos fueron encontrados en un paraje del estado Zulia, con signos de tortura. Los dos fueron sepultados en el total anonimato y ni siquiera pudieron recibir honores militares.
El nuevo capítulo en la historia de la Inteligencia, el arma que ha sido clave en los grandes golpes de los últimos 15 meses contra la guerrilla, arrancará con el nuevo año, cuando el presidente Álvaro Uribe sancione la ley que esta semana fue aprobada por el Congreso. Por primera vez, el país tiene una norma que regula claramente qué pueden y qué no pueden hacer los organismos de seguridad.
Segun Sergio Jaramillo, viceministro de Defensa, ahora hay límites entre la inteligencia legal y la ilegal. En adelante, los seguimientos a políticos -que hace dos meses provocaron un escándalo que tumbó a María del Pilar Hurtado de la Dirección del DAS- deberán desaparecer de la agenda de los organismos de seguridad.La norma establece claramente que "en ningún caso la información con propósitos de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición".También ordena que las operaciones " deberán ser proporcionales a los fines buscados y sus beneficios deberán exceder las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales". Los 34 artículos, además, endurecen las sanciones a los que entreguen información reservada, crean la Junta de Inteligencia y, por primera vez, les dan garantías legales a los agentes de inteligencia y sus familias, que hasta ahora estaban desprotegidos. La ley libra a los agentes infiltrados de la obligación de denunciar los delitos de los que conozcan mientras dura la operación. En este momento se investiga a dos oficiales que habrían colaborado con una ex Farc para montar atentados terroristas y cobrar recompensas. Solo operaciones autorizadasOtro vacío que soluciona la norma es el de las autorizaciones. Todo seguimiento o interceptación deberá responder a una orden escrita firmada por un superior y debe ser producto de un requerimiento realizado por alguna autoridad competente. Un punto clave es que nadie podrá alegar que violó la ley en cumplimiento de órdenes superiores (obediencia debida), especialmente en casos en los que las actividades de inteligencia afecten derechos humanos o el DIH. En cuanto a la interceptación de llamadas y mensajes, se reitera la advertencia de que solo podrán hacerse cuando medie una autorización de un juez y ahora serán las cabezas de los organismos de inteligencia los que pedirán por escrito la colaboración de las empresas de telecomunicaciones.
Es una medida que busca evitar las 'chuzadas' indiscriminadas, que precisamente fueron uno de los motores de la iniciativa.
"No había un marco regulatorio claro y el episodio de las 'chuzadas' (mayo del 2007, que descabezó al entonces jefe de Inteligencia de la Policía, el general Guillermo Chávez), demostró que era urgente tener la ley", señala el viceministro Jaramillo.
'Más garantías a ciudadanos': viceministro de Defensa
¿Qué pretende la Ley y qué implicaciones tiene su aprobación?El objetivo de la ley era crear un marco jurídico claro en Colombia. Hemos tratado de darle un marco de protección a todo el ámbito de la inteligencia: garantías a los ciudadanos en la medida en que este marco permite establecer qué actividades o qué inteligencias son lícitas y cuales no; protección a las personas que hacen esa actividad y que estaban desprotegidas y protección a la información, aclarando todo el tema de la reserva y aumentando las penas.
Sobre el tema de la filtración, ¿cómo va a afectar esto a los medios de comunicación?Les va a hacer mucho bien, porque en Colombia creemos que el periodismo es estar sacando grabaciones. Además, muchos de esos casos tienen un impacto en la seguridad nacional. Esto no quiere decir que no puedan pedir información. Eso se mantendrá pero protegiendo las operaciones. Los periodistas están en una posición cómoda en materia de derecho constitucional, porque es el funcionario y no el periodista el que responde por la filtración.
¿Cómo se manejará el tema de las interceptaciones de comunicaciones?
La ley no afecta las garantías en el tema de las interceptaciones, porque ese aspecto está claro desde la misma Constitución, que indica que cualquier interceptación de comunicaciones tiene que tener una orden judicial. Por el contrario se reglamenta el procedimiento para solicitar de parte de un funcionario de inteligencia, a una telefónica, la interceptación. Pero se respeta todo lo que la Corte Constitucional ha dispuesto al respecto.Agentes tendrán doble identidad
Uno de los puntos más llamativos de la nueva ley, que tuvo el consenso de las bancadas en el Congreso, es la creación de la doble identidad para los agentes, una medida que busca protegerlos a ellos y a sus familias. La Registraduría deberá expedirles documentos legales, previa solicitud formal para misiones específicas, de tal manera que si los grupos infiltrados les siguen la pista no tengan por qué sospechar. Hasta ahora, esta parte de infiltración no estaba ni reglamentada ni amparada como un campo más de acción de la Inteligencia. "Utilizar una cédula falsa para amparar al agente era un delito", recuerda un experto en la materia. También se castigará con prisión de hasta 8 años a quienes revelen por cualquier motivo la identidad de los agentes de inteligencia. La norma establece que el Congreso le hará veeduría a la inteligencia a través de una comisión de seis de sus miembros. La oposición deberá tener representación en ese grupo.El requisito para estar en la comisión es pasar una prueba de confiabilidad para garantizar que la información no será mal empleada ni se pondrá en riesgo la seguridad nacional. Así mismo se endurecen las penas para los funcionarios que entreguen información clasificada y que hace parte de los archivos de inteligencia de cada organismo. Será un tema álgido para la prensa, pues muchas de las disposiciones, en la práctica, buscan blindar al Estado de las llamadas 'filtraciones'.
El infiltrado que estuvo preso tres años
El sargento primero Figueredo, un hombre que dedicó 15 años de su vida militar al trabajo de Inteligencia, terminó en la cárcel como guerrillero de las Farc. Fue en el 2001. Tres años antes había logrado penetrar una de las células de la Red Urbana Antonio Nariño. Su papel fue tan convincente que hasta tuvo contacto con el máximo jefe de las milicias de las Farc, Carlos Antonio Lozada.Sus jefes seguían sus reportes sobre el bloque Oriental de las Farc detalle a detalle. Con lo que no contaban era con que Figueredo cayera en medio de una operación contra un campamento guerrillero en el Meta."Este sargento estaba en una labor de inteligencia, infiltrado y no lo podíamos descubrir ante los demás guerrilleros", asegura uno de los responsables de la Inteligencia colombiana. Pero como solo sus superiores sabían que alias 'Julio' (Figueredo) era un hombre del Ejército, la Fiscalía y el DAS pusieron sus ojos sobre él. "Cuando pasaron 15 días de la operación y logramos que separaran a Figueredo del resto de detenidos no hubo cómo tumbar las pruebas que la Fiscalía tenía contra él: había registros fotográficos, interceptaciones y seguimientos -añade el oficial-. Eran reales, porque esa era su misión. Pasaron tres años antes de que pudiéramos sacarlo de la cárcel y demostrar que era un hombre de Inteligencia". La del suboficial no es una historia aislada. De hecho, casos como este movieron la nueva Ley de Inteligencia, que si bien reglamenta esas funciones también les da garantías a los que se encargan de cumplirlas. En otros casos los infiltrados han muerto cumpliendo su tarea. Las familias del capitán Camilo González y el cabo Gregorio Martínez, quienes murieron en extrañas circunstancias en territorio venezolano en abril del 2007, aún no saben realmente qué pasó con ellos.Sus cuerpos fueron encontrados en un paraje del estado Zulia, con signos de tortura. Los dos fueron sepultados en el total anonimato y ni siquiera pudieron recibir honores militares.
