Por Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
El Gobierno Nacional de manera unilateral
decidió presentar un proyecto de Ley que busca modificar lo establecido sobre
mecanismos de participación ciudadana en materia de los requisitos y fechas
para la convocatoria a un referendo constitucional. Lo que dice la ley 134 de
1994 es que la fecha de la votación de un mecanismo como el referendo
constitucional no puede coincidir con otro certamen electoral. En el pasado, en
el año 2003 por ejemplo, el gobierno de Uribe convocó a que los ciudadanos
votaran su referendo el día 26 de octubre, un día antes de las elecciones
regionales en que se elegirían alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y
juntas administradoras locales.
El balance que ha hecho el
gobierno es que el referendo correría riesgos como ya sucedió en el año 2003 en
que el referendo de Uribe naufragó y sólo una pregunta alcanzó el umbral de los
votos requeridos. La conclusión del Gobierno es que si las fechas como lo
establece actualmente la legislación están separadas se corre el riesgo de no alcanzar
el umbral. Hasta aquí uno podría decir que el Gobierno tiene sus argumentos y
nos parece que sigue sobreestimando el peso del uribismo que en la práctica
junto con el oportunismo de Andrés Pastrana, serían los únicos sectores
políticos opuestos al proceso de paz.
Nosotros por el contrario
pensamos que un acuerdo firmado movilizaría mayoritariamente al país, pero a
condición que el Presidente de la República y en general el gobierno, los
alcaldes, los gobernadores, los partidos políticos y la sociedad civil se
movilicen para lograr el respaldo mayoritario de la sociedad colombiana.
Quienes se oponen a la negociación son una minoría, de eso estamos seguros. En
este sentido, creemos que los temores del gobierno Santos son infundados.
Inmediatamente se conoció la propuesta Pastrana señaló: “Sentirse más cerca de
Uribe que de Santos” y Uribe señaló que: “Está opuesto a la propuesta pues con
ello se busca dar legitimidad al terrorismo”.
El problema real que se
presentó en la mesa de negociaciones es que el Gobierno de manera unilateral
decidió presentar esta propuesta sin acordarla en La Habana. Como se sabe en la
mesa de negociaciones hasta ahora, la delegación de las FARC ha mantenido la
propuesta que el mecanismo para la refrendación de los acuerdos debe ser la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y ha rechazado el mecanismo
del referendo constitucional para la refrendación de los acuerdos.
Debemos advertir que de
acuerdo al artículo 374 de la Constitución Política las reformas a la Constitución
pueden ser desarrolladas por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por
el pueblo mediante referendo. Para la convocatoria a un referendo, el Congreso
debe aprobar el texto del referendo mediante ley que debe ser examinada
previamente por la Corte Constitucional. Lo que presentó el gobierno al
Congreso es una ley para que reforme la ley 134 que establece como ya se dijo,
que la votación del referendo pueda coincidir con las elecciones a Congreso o a
Presidente de la República que se celebrarán en marzo o en mayo próximo.
Estas acciones unilaterales
del Gobierno, es obvio que tensionan la mesa como la han tensionado la reunión
de Santos con el derrotado candidato de la oposición Henrique Capriles, en
Venezuela y también tensionó la mesa el
anuncio fallido de Santos de la integración de Colombia a la OTAN, estas
salidas en falso han ocasionado dilaciones y tensiones innecesarias a nuestro
modo de ver.
Ahora la presentación de este
proyecto de ley ocasiona una nueva tensión a nuestro juicio innecesaria pues
esto podría haberse consultado con las FARC, pero la verdad es que han entrado
las negociaciones en el punto decisivo, el punto de no retorno, este punto es
el de las reformas políticas. Como hemos dicho este es junto con el tema
agrario el centro de la negociación y se sabe que se ha avanzado ya en acuerdos
concretos en torno a los 10 puntos que
plantearon las FARC a la delegación del Gobierno en materia de reformas
políticas. Así como las FARC han anunciado
su apoyo al paro nacional agrario que nos perece inoportuno a todas
luces para tratar de ganar una mejor correlación de fuerzas así mismo el
gobierno pretende ganar tiempo con la aprobación de antemano de un marco
jurídico que él considera más favorable para la refrendación de los acuerdos.
Es la tensión que ahora se presenta.
Que las FARC hayan decidido
una pausa, es decir, manifestar su descontento mediante el aplazamiento de la
próxima ronda parece que muestra el compromiso de ellas con la negociación. Es
una forma de protesta que no pone en riesgo la continuidad del proceso, pero en
el juego de fuerzas el Gobierno debería ser mucho más cuidadoso con las
posturas y propuestas que pone en marcha. El pulso está dado y la ronda de
negociaciones continuará una vez las FARC decidan que la pausa ha terminado.
Eso esperamos.
