Congreso aprobó nuevo código penitenciario
La norma contempla rebaja en los requisitos para obtener la libertad
condicional.
Por Carlos Adelmo Lòpez B.
El proyecto permitiría que 7.000 reclusos que no han cometido delitos graves queden libres.
El Senado le dio vía libre en
la noche del martes al nuevo código penitenciario, que busca fundamentalmente
acabar con el hacinamiento carcelario y regula el funcionamiento de las
cárceles en el país.
El proyecto también establece
una serie de medidas que, según el Gobierno, permitirían que más de 7.000
reclusos que no han cometido delitos graves puedan lograr la libertad tan
pronto entre en vigencia la norma.
La iniciativa, que ahora
deberá pasar a conciliación con la Cámara de Representantes, establece que en
materia de subrogados penales podrán hacerse acreedores a la suspensión de la
pena quienes estén condenados por delitos cuya condena no exceda los 4 años.
“Este código no resuelve todos
los problemas del hacinamiento, pero hace parte de una política integral macro
del Gobierno para acabarlo”, aseguró el martes el ministro de Justicia, Alfonso
Gómez Méndez.
La norma además permite que
quienes tengan condenas inferiores a 8 años puedan beneficiarse de la detención
domiciliaria. Hoy esto solo es para los condenados a menos de 5 años.
Estas medidas excluyen los
delitos de lesa humanidad, contra la administración pública o por violación, es
decir, delitos graves.
La plenaria del Senado aprobó con 91 votos el proyecto de Código
Penitenciario que permitiría la salida de más de siete mil reclusos de las
cárceles del país, esto como medida paliativa para solucionar la grave crisis
penitenciaria y se espera que la próxima
semana sea aprobado y pase a sanción presidencial.
Entre las medidas contempladas
está la implementación de la oralidad de los procesos ante los jueces de
ejecución de penas y la modernización de los penales en el país.
El ministro de Justicia,
Alfonso Gómez Méndez, le pidió a los funcionarios del Estado y a los
congresistas “que nos ayuden con su asistencia al consejo de política criminal,
a las convocatorias que hemos venido haciendo, si seguimos con la tendencia de
resolverlo todo por el código penal vamos a mantener un estado permanente de
hacinamiento”.
El alto funcionario dijo que
esta reforma no es al código penal, ni al código de procedimiento penal “hemos
tomado las medidas que se pueden tomar para solucionar el hacinamiento, pero no
es la solución completa a los problemas carcelarios del país, es una norma que
va en la dirección correcta pero aquí no está todo lo que debía estar”.
Y agregó que “algunos temas
son objeto de otra regulación. Aquí hay flexibilización para los subrogados
penales y resocialización, un concepto transversal en la ley porque cuando
buscamos que personas no sindicadas de delitos graves puedan afrontar el
proceso de libertad estamos esperando que esas personas se resocialicen”
Según el jefe de la cartera,
este código no ha sido producto de la “improvisación, fue presentado por mi
antecesora, fue discutido ampliamente por todas las instancias del Congreso y
no surgió de la noche a la mañana, salió de un grupo de la Universidad de los
Andes”.
Gómez Méndez sostuvo que en un
corto tiempo su cartera espera tener unos cuatro o cinco mil cupos nuevos en
las cárceles del país, y reiteró que con la aprobación de la ley pueden quedar
libres por lo menos unos siete mil reclusos de delitos no graves como la
“inasistencia alimentaria, falsedad y prevaricato”
A su turno, el Defensor del
Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que no cree en la salida de los siete
mil recursos prometidos por el gobierno y sostuvo que la medida no es efectiva
para descongestionar las cárceles del país.
Por otro lado, el ponente de
la iniciativa, Jesús Ignacio García, sostuvo que en este momento se está
presentando una superpoblación de 42 mil internos, “el proyecto toma medidas
para adoptar la crisis, crea ciudadelas judiciales mediante acuerdos entre el
Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía”.
Los senadores Carlos Baena y
Juan Lozano criticaron la iniciativa, porque no resolvía profundamente la
crisis carcelaria que tiene el país. “Lo que nos han traído son pañitos de agua
tibia para la crisis, es un proyecto incompleto, me parece imperdonable que el
proyecto no sea integral al revisar el sistema penitenciario”, dijo Lozano.
La mayoría del articulado fue
aprobado en bloque.
